Apelación estimada en la Audiencia Provincial de Madrid: revocada una condena civil de 387.515 € por aplicación correcta de la carga de la prueba

El caso

Nuestro cliente había sido condenado en primera instancia, por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Torrejón de Ardoz, a pagar 387.515 € en concepto de daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato de cesión exclusiva de uso de una finca destinada a la celebración de eventos sociales (bodas, banquetes y similares). El contrato se había firmado en enero de 2015 con una duración de cinco años y una contraprestación mensual de 10.000 €.

La sentencia de instancia consideraba acreditado el incumplimiento del cliente —que había cerrado las instalaciones en agosto de 2015— y la consiguiente obligación de indemnizar. Ese cierre, ciertamente, dio lugar a un procedimiento previo de interdicto que se resolvió a favor de la cesionaria.

Sin embargo, la sentencia de primera instancia no consideró acreditado el incumplimiento de la propia cesionaria respecto a su obligación de pago, con un argumento llamativo: que era el cedente quien debía haber probado el impago presentando los justificantes bancarios.

Defensa en apelación

El recurso de apelación se construyó sobre un motivo jurídico nuclear: la infracción del art. 217 LEC sobre carga de la prueba y la incorrecta aplicación del art. 1.124 del Código Civil.

Argumento central. El art. 217 LEC distribuye la carga de la prueba: corresponde al actor probar los hechos constitutivos de su pretensión y al demandado los hechos extintivos. Probada la existencia de la obligación de pago de 10.000 € mensuales, la prueba del pago es carga del deudor, no del acreedor. Exigir al cedente que probara el impago equivale a exigirle un hecho negativo. La cesionaria, además, había sido requerida en el procedimiento para aportar los justificantes bancarios y no lo hizo.

Consecuencia jurídica. Si la cesionaria no acreditó el pago de la contraprestación durante el tiempo en que tuvo la posesión de la finca, no estaba legitimada para ejercitar la acción resolutoria del art. 1.124 CC. La doctrina del Tribunal Supremo es constante: en obligaciones sinalagmáticas, ninguna parte puede exigir el cumplimiento sin haber cumplido la prestación recíproca. La defensa invocó la excepción de incumplimiento contractual (exceptio non adimpleti contractus): el demandado se opone al cumplimiento porque el actor no ha cumplido lo suyo.

Cuestión adicional. Se descartó también la pretendida vulneración del pacto de exclusividad por la cesionaria, distinguiendo entre cesión de derechos sobre la finca (prohibida) y subcontratación de un servicio concreto dentro de la finca (admitida): la cesionaria había encomendado la actividad de restauración a un tercero, manteniendo ella la gestión exclusiva de los eventos.

El fallo

La Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente el recurso, revocó la sentencia de primera instancia y desestimó íntegramente la demanda, absolviendo a nuestro cliente de todas las pretensiones contra él entabladas. Las costas de la primera instancia se impusieron a la actora; las de la apelación, sin especial pronunciamiento.

El resultado económico para el cliente: eliminación íntegra de una condena de 387.515 € más sus intereses legales desde la interposición de la demanda.

Lo que enseña este caso

• La carga de la prueba del pago corresponde siempre al deudor. Es un error frecuente en sentencias de primera instancia trasladar al acreedor la carga de probar el impago. El art. 217 LEC y la jurisprudencia del Tribunal Supremo son claros: probada la obligación, debe probarse el pago, no el impago. La regla se refuerza por los criterios de facilidad probatoria (el deudor tiene los justificantes bancarios) y por el principio de que no se exige a nadie probar un hecho negativo.

• El art. 1.124 CC no se ejercita en vacío. Quien quiere resolver un contrato y reclamar daños debe haber cumplido lo suyo, o al menos haberlo ofrecido. Si reclamante y reclamado han incumplido, la jurisprudencia opera la excepción de incumplimiento contractual: ninguno puede exigir al otro lo que él mismo no ha hecho.

• El pacto de exclusividad admite matices. No toda intervención de un tercero en la actividad económica del cesionario constituye cesión prohibida. Cabe distinguir entre transferir derechos sobre el objeto del contrato (típicamente vetado) y subcontratar servicios accesorios dentro de la operativa diaria.

• La fase de apelación es una segunda oportunidad técnica, no emocional. La Audiencia Provincial revisa el material probatorio aportado en primera instancia y puede valorarlo con criterio distinto cuando detecta una vulneración de las reglas legales —como aquí, las del art. 217 LEC—. La calidad técnica del recurso es decisiva: motivos genéricos no prosperan; motivos jurídicos concretos, sí.